La presión demócrata sobre el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se intensifica para juramentar a la representante electa Adelita Grijalva, cuyo voto sería clave para forzar una votación sobre la liberación de los archivos de Epstein. Johnson calificó las acusaciones de bloqueo como «absurdas» y una «montaña rusa política», argumentando que su objetivo es presionar a los demócratas del Senado para que aprueben un proyecto de financiación y reabran el gobierno.
Mientras tanto, Donald Trump ha organizado una mesa redonda sobre Antifa, calificando el movimiento de «organización terrorista doméstica» y enumerando supuestos ataques contra agentes federales atribuidos al grupo. Trump también elogió a «periodistas independientes» conservadores.
El gobierno federal enfrenta un cierre que afecta a miles de empleados. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) prevé la suspensión temporal de más de 34.000 empleados, casi la mitad de su fuerza laboral, lo que impactará varios servicios al contribuyente. 
El Senado rechazó un proyecto de financiación aprobado por la Cámara, prolongando el cierre gubernamental que ya cumple ocho días. Las negociaciones siguen estancadas ante las demandas demócratas de incluir disposiciones sanitarias.
El representante Joaquín Castro instó al Senado a votar una resolución para detener las acciones militares de EE. UU. contra embarcaciones cerca de Venezuela, acusadas por Trump de Tráfico de Drogas.
En el ámbito judicial, el Tribunal Supremo de EE. UU. analiza una demanda contra una ley de Illinois sobre el conteo de votos por correo recibidos después del día de las elecciones. La disputa se centra en la legitimidad de quienes la impugnan.
Un análisis revela que Donald Trump ha designado a decenas de personas vinculadas al sector de combustibles fósiles en su administración, generando Críticas por parte de organizaciones defensoras del medio ambiente y los consumidores.
El expresidente de la Cámara, James Comey, se encuentra en proceso judicial. Sus abogados buscan desestimar el caso argumentando la ilegalidad en el nombramiento de la fiscal encargada.
Fonte: The Guardian
